Posteado por: Rimisp | 1 junio 2012

Encuentro 2012 – Territorios en Movimiento

Entre los días 5 y 7 de junio, la ciudad de Quito se convertirá  en el centro de debates y reflexiones  sobre desarrollo territorial rural con crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental, en América Latina. Con base en estudios analíticos y en terreno, en la región, 83 expositores compartirán sus trabajos y experiencias en el tema.

El día martes 5 de junio, en el Hotel Colón de Quito (Ecuador) se realizará la ceremonia de inauguración del Encuentro 2012 – Territorios en Movimiento, evento regional organizado por el programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, que se extenderá hasta el 7 de junio.

Con palabras de Claudia Serrano, Directora Ejecutiva de Rimisp; Federico Burone, Director Regional para América Latina y el Caribe del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá) y Fander Falconí, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador, se dará inicio a tres jornadas de intensa reflexión sobre el desarrollo territorial, en la región. La inauguración estará marcada por conferencia magistral de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, Carolina Trivelli como impulso a la ronda de exposiciones de interés para la política pública, en el ámbito latinoamericano.

Durante estos tres días, se tratarán temas tan contingentes como el desarrollo territorial rural con crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental en América Latina, asuntos que Rimisp ha abordado a través de su programa DTR (Dinámicas Territoriales Rurales) por más de cinco años, realizando investigaciones y trabajos de campo en once países de la región.

Así, 83 expositores de 16 países reflexionarán, a través de diversas ponencias  sobre Ciudades y Territorios, Empleo, Desarrollo de comunidades pobres y marginadas, Actores sociales y desarrollo territorial, entre otros temas, tendiendo como foco aquellos factores que determinarían las dinámicas territoriales exitosas. Asimismo, informarán políticas y estrategias de acción pública que han gatillado cambios concretos en los territorios. La iniciativa se ha planteado como una plataforma de convergencia, discusión y reflexión desde la que surjan propuestas capaces de generar modificaciones profundas en los territorios de la región.

El día martes 5 tendrá lugar (entre las 17.00 y 19.00) una sesión plenaria sobre “Condiciones para el crecimiento económico con inclusión social desde una perspectiva territorial”, con participación de Anthony Bebbington, profesor y director de la Graduate School of Geography de la Universidad Clark, en Estados Unidos, y Rudolf Buitelaar, Jefe del Área de Desarrollo Local y Regional del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES-CEPAL). Se trata de una sesión abierta al público, en general.

Luego de esta plenaria, se presentará el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2011. La publicación, elaborada por Rimisp con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), ya fue presentado en Guatemala, Chile y México.

Parte de las sesiones paralelas y plenarias, serán transmitidas por video streaming. En la web del Encuentro 2012 – Territorios en Movimiento se podrá acceder al programa y al link donde se accederá a la transmisión.

Revise el programa, participantes, presentaciones, transmisión en vivo y galerías de fotos en
www.rimisp.org/dtr/encuentro2012

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Posteado por: Rimisp | 23 mayo 2012

Dinámicas de género y territorio

Por Susan Paulson
Académica de la Maestría en Cultura, Poder y Sostenibilidad de la Universidad de Lund (Suecia) y coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Género y Dinámicas Territoriales de Rimisp.

El tema del género en el contexto de las dinámicas territoriales rurales es el núcleo central del libro “Dinámicas de género y masculinidades en los territorios latinoamericanos”, concebido al alero de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. En este se analizan las interacciones entre los sistemas de género y los procesos históricos en seis territorios rurales de América Latina: Chiloé, Chile; Loja, Ecuador; CHAH México; Cuenca Ostúa-Güija, Guatemala; Peñas Blancas, Nicaragua; Cerrón Grande, El Salvador.

Entre los principales propósitos de la mirada de género incorporada en las dinámicas territoriales rurales está el avanzar en una perspectiva teórica y metodológica innovadora, así como describir aspectos aún no documentados de cambios actuales en los espacios rurales latinoamericanos. Gracias a una investigación interdisciplinaria, gestada al alero del Programa DTR de Rimisp, será posible presentar ejemplos concretos de interacciones de género en seis países de América Latina.

El enfoque y el alcance del estudio “Dinámicas de género y masculinidades en los territorios latinoamericanos” se desarrollaron a través de las sinergias y tensiones entre las teorías contemporáneas de género y la masculinidad, y el programa Dinámicas Territoriales Rurales (DTR). Un grupo de estudiosos latinoamericanos puso en marcha este programa en 2006, en respuesta a la observación de que, durante las últimas dos décadas, el crecimiento del PIB y del ingreso per cápita no ha correspondido con una distribución más equitativa del ingreso y una reducción de la pobreza. Durante los últimos seis años, una red de 120 investigadores colaboró para reunir la evidencia empírica y desarrollar una visión teórica y recomendaciones de política para apoyar un tipo diferente de dinámica rural: una que podría conducir a una distribución más inclusiva y equitativa de los recursos y oportunidades.

La dificultad de vincular crecimiento económico con inclusión social se une a las dimensiones de clase y de género en dinámicas espaciales. Durante este periodo, el crecimiento del PIB en la zona dependió, en parte, de una masiva incorporación de mujeres en la economía formal. Datos de las Naciones Unidas muestran que, entre 1990 y 2010, América Latina experimentó un crecimiento mucho mayor en la participación femenina en la fuerza laboral que cualquier otra región, junto con una pérdida neta de la participación masculina. La expansión dramática de la proporción de mujeres en la economía formal no se corresponde, sin embargo, con modificaciones de similar magnitud en términos de equidad de género, en aspectos como los salarios obtenidos, condiciones laborales, representación política, y el peso de las labores reproductivas, todos los cuales siguen jugando en contra de las mujeres.

Tampoco ha habido mejoras contundentes en áreas donde los hombres enfrentan desventajas dentro de los sistemas de género dominantes. En todos los países de la región son desproporcionadamente altas las tasas masculinas de accidentes, alcoholismo, ciertas enfermedades, encarcelamiento, homicidio, suicidio y otros factores que contribuyen a que sean mayores las tasas de discapacidad y menor la esperanza de vida de los hombres con respecto de las mujeres. Así, existen brechas de género en las expectativas de vida que perjudican a los hombres en todos los países latinoamericanos: desde cuatro años de diferencia en Cuba, hasta seis en Chile y siete en Guatemala. Los regímenes de masculinidad dominantes contribuyen a hacer de América Latina la región más violenta del mundo en términos de tasas de homicidio; en algunos países mueren por esta causa hasta diez veces más hombres que mujeres.

El marco longitudinal del programa DTR permite establecer tendencias en la región durante los últimos 25 años: un aumento de la inversión extranjera directa y una integración en los mercados globales que ha gatillado cambios dramáticos en la vida laboral de millones de hombres y mujeres: la masculinización demográfica de muchos territorios rurales y la feminización de zonas urbanas; una distribución de los recursos económicos que favorece a los hombres, y un acceso a la educación secundaria y la universidad que favorece a las mujeres más cada año.

Este estudio ofrece una alternativa a la tendencia global orientada a mantener una mirada de género limitada en las mujeres, contribuyendo a políticas sectoriales cuyo éxito ha sido limitado a la hora de la formación de arreglos familiares y socio-económicos más equilibrados y sostenibles. También cuestiona la continuación del uso, por parte de ciertos investigadores e instituciones en América Latina, de categorías inexactas e ideológicamente cargadas (tales como “jefe de hogar”, “ama de casa”) en vez de recurrir a términos más descriptivos utilizados por organismos internacionales y gobiernos nacionales en otras regiones. Estas prácticas inciden en limitar y sesgar las dinámicas de cambio, ya que motivan políticas sectoriales y contribuyen a discursos públicos restrictivos e imaginarios culturales limitantes para los hombres así como para las mujeres.

Para promover repuestas creativas a los cambios que viven los territorios rurales, es buena hora para que las investigaciones y políticas ofrezcan nuevos recursos, entre ellos discursos, imágenes, y tipos de apoyo institucional, para que los individuos y comunidades rurales logren desarrollar sus propias formas de masculinidades y femineidades en respuesta a las cambiantes condiciones del siglo XXI.

Columna de opinión publicada en El Quinto Poder (Chile)

Columna de opinión publicada en Diario Digital Contrapunto (El Salvador)

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Posteado por: Rimisp | 22 mayo 2012

Economía y Desarrollo: De pobreza a desigualdad (II y final)

Por Tomás Rosada
Economista Regional de la División de América Latina y el Caribe del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA)

Sigo con la discusión de la semana pasada, en donde hacía referencia a la evolución tanto del discurso sobre desarrollo económico como su manifestación concreta a través de presupuestos de gobierno, préstamos internacionales, leyes e instituciones, ha tenido durante las últimas tres décadas.

Lo resumía en un tránsito de lo macro a lo micro, pasando de estabilidad macroeconómica en los ochenta, a una agenda de crecimiento de los noventa, de reducción de pobreza en los dos mil, y la inconclusa discusión sobre desigualdad (equidad) que tenemos en los últimos años. Decía además que, para posicionar esta agenda de equidad con un cierto nivel de tracción, al igual que sucedió en su momento con los paradigmas de estabilidad, crecimiento y pobreza, enfrentamos algunos desafíos.

El primero de ellos es de carácter metodológico. Es decir, ¿con qué instrumental debemos aproximarnos a la desigualdad en los tiempos modernos? Hay aproximaciones interesantes como la de desigualdad de oportunidades, conceptos como trampas de desigualdad o disfuncionalidad de la desigualdad, incluso enfoques como el desarrollo territorial, que ofrecen un potencial para revelar características y determinantes del fenómeno. Sin embargo, en muchos casos la teoría va mucho más delante de la capacidad de contrastarla empíricamente, ni se diga de la capacidad de implementar recomendaciones de política.

Esto me lleva al segundo reto que es de naturaleza empírica. Es preciso bombear evidencia regular, sistemática, y con una escala (representatividad) mínima para mantener viva la discusión en el plano de la política pública. Para eso necesitamos un cierto tipo de datos estadísticos. Pero ¿cómo le hacemos para generarlos con la frecuencia y calidad necesarias para movernos de fotografías a películas?, y ¿cómo hacer la venta política para que recursos financieros, humanos e institucionales sean asignados a esta nueva prioridad?

Este mismo proceso de venta me lleva a plantear el tercer desafío, que tiene que ver fundamentalmente con los sistemas de incentivos de los tomadores de decisión política. ¿Cómo lograr que la clase política incorpore la equidad en su función objetivo?

El problema que tenemos es que, a diferencia de los paradigmas anteriores, política y equidad se mueven a velocidades distintas. Ese no era el caso antes. La estabilidad macroeconómica, el crecimiento, incluso la misma reducción de pobreza —sobre todo en su dimensión de ingreso— se pueden monitorear dentro de los tiempos políticos que imponen nuestros sistemas democráticos. Ello hace mucho más sencillo alinear incentivos de tomadores de decisión con tales objetivos de desarrollo.

Finalmente, el cuarto reto es de naturaleza semántica —confieso que lo he bautizado así a falta de mejor término—. Tiene que ver con el discurso propiamente dicho. De los cuatro, este es quizás el que más hemos logrado avanzar. Casi hemos logrado instalar un lenguaje en el que se ha vuelto políticamente incorrecto ignorar el tema. Un logro que no es menor, ya que justamente el lenguaje y sus categorías conceptuales se convierten en referente de aquellos que deciden cómo se priorizan los recursos públicos.

Aquí hay que reconocer que en esta batalla es fundamental el aporte que hace la academia latinoamericana. Deben continuar jugando su papel de martillo sobre ciertos conceptos hasta convertirlos en estrellas polares de la discusión colectiva. En ese sentido, el trabajo de centros de pensamiento como el ColMex, CIDE, IPEA, SEDLAC, IEP, RIMISP, universidades e institutos de investigación en general, es esencial para no dejar caer el interés y mantener actualizado el debate. Hoy contamos además con una coyuntura favorable para arraigar de una vez por todas a la equidad como objetivo de desarrollo: la crisis internacional que viven muchos países ha puesto sobre el tapete las enormes brechas entre mayorías que mal viven con muy poco y minorías que subutilizan su abundancia. A ver hasta dónde somos capaces de asumir este nuevo paradigma.

Columna de opinión publicada en diario Prensa Libre de Guatemala

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Posteado por: Rimisp | 18 mayo 2012

Desigualdad y pobreza deben detonar nueva política rural

Por José Antonio Mendoza Zazueta
Secretario técnico del Grupo Diálogo Rural México del proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo

El Informe latinoamericano sobre pobreza y desigualdad 2011, de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, que evidencian las distancias extremas de ingreso y bienestar entre los municipios de México —comparables a las que existen entre los países más ricos del mundo y los más pobres— nos coloca ante la decisión de actuar y enfrentar este problema y desafío por medio de nuevas políticas públicas.

En los datos del Informe está que el PIB per cápita de los diez municipios más ricos del país es de 32 mil 719 dólares, mientras que el de los más pobres de 603, esto es la diferencia entre una nación europea y una del África Subsahariana. La desigualdad afecta a municipios rurales; éstos concentran 60% de la pobreza extrema. Hoy, como hace cien años, hay territorios rurales, en el sur-sureste, que funcionan como verdaderas trampas de pobreza: nacer allí condiciona a las personas al hambre, a un desarrollo humano insuficiente, a una vida de miseria y no en pocos casos a la migración y la criminalidad.

¿Por qué hemos llegado a esta situación, acaso las actividades rurales, y en particular el campo, son incapaces de generar riqueza y bienestar? Desde el gobierno de Lázaro Cárdenas y hasta los años 60, el campo era el “milagro mexicano”, pues registraba tasas de crecimiento de 6% anual; en ese entonces, en medio del reparto agrario, con creación de infraestructura hidroagrícola, con agencias estatales que apoyaban a los productores y con rendimientos crecientes de los cultivos, la pobreza rural logró reducirse en forma significativa, y el campo sirvió de base para el despegue industrial.

Esa situación se pervirtió porque: aumentó la población en edad de trabajar y creció la demanda agraria; escasas inversiones en predios por temor de los productores de ser acusados de “acumulación de provecho”; un intervencionismo estatal centralizado que derivó en vicios persistentes: clientelismo, dependencia, ineficiencia y corrupción, y las políticas previas y posteriores a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que privilegiaron y privilegian a la agricultura comercial, en el norte de la República, a costa de la pequeña y mediana agricultura.

Hemos tenido y tenemos una política rural, agrícola especialmente, que está agrandando las desigualdades sociales y territoriales en México, y que a pesar de grandes presupuestos, se traducen en estancamiento económico. Y por otro lado, las políticas sociales están teniendo un efecto de simple mecanismo compensador de los efectos de la política rural y de la política macroeconómica en general y de los efectos derivados de las crisis. Así, buena parte de la contención de la pobreza se explica por la fuerte transferencia de ingresos públicos —por medio del programa Oportunidades, sobre todo—, por las remesas que envían los migrantes y por el acelerado crecimiento del trabajo asalariado informal.

¿Es una prioridad para México impulsar el desarrollo del territorio y la sociedad rural?, ¿es relevante generar políticas que reduzcan las brechas sociales?

Cada elemento de lo que significa el medio rural nos da una respuesta afirmativa para estas preguntas. He aquí algunos: el territorio rural es el proveedor principal de alimentos y la plataforma mayor para lograr la seguridad alimentaria, incluso para proteger nuestra soberanía territorial; el campo es también el espacio requerido para enfrentar las crisis globales derivadas de la escasez y carestía de los alimentos; la protección y aprovechamiento de los recursos naturales nos permitirá amortiguar el cambio climático y reducir los riesgos por las contingencias naturales en el medio rural, y en el urbano.

Nuevas políticas son justificables por todas esas razones, que ya son suficientes, pero también para permitir una plataforma a México de mayor justicia social que derive en avanzar hacia mayor y más equilibrado desarrollo económico nacional.

Columna de opinión publicada en Diario El Universal de México

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Posteado por: Rimisp | 17 mayo 2012

Territorios que hablan desde sus desigualdades

Por Danae Mlynarz Puig

La semana pasada se realizó en Chile el lanzamiento del Informe Latinoamericano Pobreza y Desigualdad 2011 de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, un aporte a la discusión desde la perspectiva de la desigualdad territorial.

El estudio muestra la existencia de significativas brechas territoriales y su impacto en las posibilidades de desarrollo de los territorios.

A través de un análisis en cifras, el Informe supera la tradicional mirada desde los promedios de indicadores socioeconómicos de cada país y avanza en una mirada que considere las varianzas.

Es decir, se encamina desde las desigualdades a través de las brechas que se aprecian desde el promedio nacional hacia sus diferencias territoriales comunales y/o provinciales.

De esta forma, se trata de acometer sobre la denominada “tiranía de los promedios” que tanto hemos escuchado, y observar, desde una perspectiva más realista, lo que sucede en cada territorio subnacional.

Posteriormente, profundiza las implicancias de estas desigualdades en las políticas públicas y su relación con las capacidades institucionales, postulándose que las políticas sectoriales –mediante las cuales se establecen casi todas las políticas sociales en Chile- no son neutras ante la desigualdad territorial, pues una misma política puede contribuir al desarrollo de un territorio, no tener mucho impacto en otros y afectar negativamente a un tercero.

Estos datos son analizados en diez países latinoamericanos dentro de los cuales se encuentra Chile, y donde se aborda como política sectorial a evaluar, el impacto territorial de la política de educación básica y media –tan cuestionada durante el año 2011- quedando claramente demostrada la no neutralidad de las medidas sectoriales y su relación con el territorio.

Si bien el Informe presenta una gran riqueza para el mundo académico y entrega importantes preguntas de investigación social, es significativo considerar el valor que representa para los tomadores de decisiones.

Al analizar sus ejemplos y entrar al detalle de sus cifras en los niveles subnacionales, se puede comprender con mayor claridad qué es lo que está pasando en Chile en temáticas tales como el denominado “conflicto mapuche” en la zona de la Araucanía, donde la mayoría de sus comunas presentan los niveles más bajos de desarrollo social; en regiones como Magallanes y Aysén, que tanto sorprendieron con sus reivindicaciones locales en los meses recientes o en Calama, donde la comunidad está exigiendo un proyecto de ley que considere que parte de los recursos mineros se queden en los territorios que los producen, más allá del escuálido proyecto presentado por el ejecutivo.

Son los territorios con sus diferencias, brechas y desigualdades que nos están hablando y que hoy con una ciudadanía más empoderada está exigiendo sus derechos a un país tremendamente centralista, donde su institucionalidad no da cuenta de su complejidad.

Avanzar en mayor descentralización con todo lo que esta palabra contempla en materia de recursos económicos y toma de decisiones, es una deuda en los cambios políticos que Chile necesita. Es decir, entregar más poder a los territorios.

Columna de opinión publicada en Sección Opinión de Radio Cooperativa de Chile

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