Posteado por: Mariela Ramírez | 9 Julio 2009

Adaptación al cambio climático y vulnerabilidad

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Por Mariela Ramírez
Asistente de Investigación Programa Dinámicas Territoriales Rurales  de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

El cambio climático representa una prioridad en los países en desarrollo debido a los efectos que amenazan con deteriorar el bienestar económico y social, así como también por la incapacidad económica y tecnológica para diseñar e implementar las estrategias de adaptación necesarias para reducir la vulnerabilidad frente a los impactos negativos. 

Las estrategias de adaptación al cambio climático son muy diversas, y van desde la migración y remesas hasta la diversificación productiva y creación de infraestructura comunitaria. Estas medidas pueden hacer parte de las estrategias de adaptación diseñadas a nivel nacional o regional, sin embargo, son también las respuestas innatas e inmediatas, individuales y colectivas, a los problemas concretos que genera el cambio climático en las comunidades, y que se vienen llevando a cabo desde hace años para enfrentar tanto las variaciones graduales como los eventos meteorológicos extremos. Muchas de estas medidas son las estrategias de sobrevivencia que históricamente han usado, pero que frente al cambio climático cobran una importancia aun mayor. 

Aunque las estrategias adaptativas que toma un hogar o una persona para enfrentar los fenómenos meteorológicos dependerán de cuan fuerte sea ese impacto, para determinar que medidas pueden tomar están restringidas por su vulnerabilidad. Por esto, en el diseño de las estrategias nacionales o regionales de adaptación al cambio climático, una vez definidos los posibles escenarios e impactos, es imprescindible determinar quienes son los más vulnerables, las cuales determinan la factibilidad de llevar a la práctica las estrategias de adaptación diseñadas. De la misma manera, es imprescindible establecer no sólo las responsabilidades sino también los mecanismos en que las instituciones se vinculan con las comunidades, lo que amplía las capacidades de adaptación de los grupos más vulnerables. 

Existen determinadas prácticas y procesos que, incluso si no estuviéramos viviendo este cambio global del clima, debilitan a ciertos sectores y grupos, haciéndolos más vulnerables al cambio climático. Un ejemplo son las diferencias existentes a nivel de género en la actividad productiva, que hacen que hombres y mujeres se afecten de manera distinta, siendo generalmente las mujeres las más vulnerables debido a la falta de acceso a recursos naturales y crédito, entre otros. Estas desigualdades se manifiestan también en las estrategias de adaptación: cuando en caso de un evento climatológico extremo se debe optar por la migración, son los hombres quienes salen del hogar buscando fuentes alternativas de ingreso, quedando las mujeres a cargo del hogar y asumiendo de manera adicional la responsabilidad de trabajar en las labores del campo. En el caso de los que trabajan como jornaleros en el campo, encontrándose ya en situación de vulnerabilidad, un fenómeno meteorológico severo afecta directamente su fuente de trabajo en las labores agrícolas, quedando aún más desprotegidos, lo que se ve agudizado si no están bajo el amparo de algún tipo de organización. 

Es necesario identificar cuáles son los grupos y sectores más vulnerables y cómo se ven perjudicados concretamente, así como también considerar el origen de esa vulnerabilidad, a fin de que las estrategias para hacer frente al cambio climático sean realmente efectivas.

Fotografía: EcoDiario

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Posteado por: Claudia Ranaboldo | 8 Julio 2009

Participación política de las mujeres a nivel local: Las barreras por superar

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Por Claudia Ranaboldo, Investigadora principal de Rimisp y Coordinadora del Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural, y
Yolanda Solana, Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento de gobernabilidad, género y participación política de las mujeres en el ámbito local (UN-INSTRAW/AECID).

Columna de opinión publicada en el tercer número de la Revista Equitierra

La participación política de las mujeres en América Latina puede resumirse en la historia de su negación y de su conquista. Para ellas, el disfrute de sus derechos políticos está ligado a su construcción como ciudadanas, siendo necesario diferenciar entre participación ciudadana y participación política formal. En este recorrido, muchas veces las mujeres han puesto más énfasis en participar en la construcción democrática que en llegar a decidir en ella. Se ha mostrado también que la descentralización es una oportunidad ambigua para las mujeres, contrariamente a la tendencia a considerarla un vehículo para su mayor presencia activa en los ámbitos locales. 

Múltiples causas originan y perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres en la participación y la representación política. Entre ellas, la vigencia de un orden de género patriarcal, la pobreza como una condición multidimensional que afecta a las mujeres (en particular a las campesinas e indígenas), procesos inconclusos de modernización de los Estados, mecanismos nacionales para la igualdad sin apoyo suficiente, resistencia de los partidos políticos a la presencia de las mujeres, y acoso y violencia política hacia ellas. 

Sobre la base de las reflexiones generadas recientemente por el Proyecto Fortalecimiento de Gobernabilidad, Género y Participación Política de las Mujeres en el Ámbito Local (UN-INSTRAW/AECID), en el ámbito local/rural se ha podido comprobar que existen tres retos claves para mover positivamente las barreras actuales de la participación femenina: 

Primero, superar la distancia entre lo formal de la legislación y la planificación, y la práctica real de la gestión pública orientada a la igualdad de oportunidades. Se ha constatado en América Latina una alta preocupación por los aspectos normativos, formales e instrumentales de la participación política, con gran producción de normas, ordenanzas, planes y presupuestos participativos con enfoque de género, e instancias ad hoc (comités, consejos, cabildos, etc.). En muchos casos, se ha llegado a una cierta “ritualidad” de la participación política de las mujeres, sin mayores efectos en la vida real. Esta etapa debe ser enriquecida, apuntalando procesos locales que:

• Muestren una legitimidad y reconocimiento de la gestión y los gestores públicos por parte de la ciudadanía y, en particular, de las mujeres.
• Viabilicen a nivel territorial una articulación interinstitucional público/privada comprometida con el enfoque de género, evitando el acaparamiento del tema solo por pequeños grupos u asociaciones específicas de mujeres.
• Conecten las leyes nacionales y los tratados internacionales con normativas locales viables.
• Busquen continuidad de las políticas e inversiones en el mediano y largo plazo.
• Fortalezcan institucionalmente a los gobiernos locales y a la comunidad política local en el territorio. 

Un segundo reto es abordar la participación política de las mujeres como uno de los ejes de un enfoque territorial más amplio. Las mujeres –sobre todo las indígenas y campesinas–tienen demandas muy vinculadas con el desarrollo económico local. Es preciso abordar programas de desarrollo territorial que:

• Ataquen la multidimensionalidad de las causas que afectan la igualdad de oportunidades y la participación política de las mujeres.
• Trasciendan una visión restrictiva de la pobreza como simple carencia, para enfocar su superación desde la valorización y articulación de los activos locales existentes.
• Articulen acciones simultáneas en participación política, inclusión social y desarrollo económico.
• Incluyan el tema de las “identidades culturales” presentes en un territorio como un posible eje catalizador de la valorización territorial con las mujeres como protagonistas, contribuyendo a desmontar patrones culturales conservadores. 

Un tercer reto es plasmar nuevos enfoques y herramientas de desarrollo de capacidades. En las últimas décadas se han generado múltiples y dispersas actividades de sensibilización, capacitación y formación con una dimensión de género, pero seguir en esta misma lógica no garantiza la creación de una masa crítica innovadora y capaz de abordar la participación política en su multidimensionalidad, sobre todo a nivel local y con las mujeres y los hombres más rurales. Es preciso repensar procesos formativos que se orienten a:

• Fortalecer simultáneamente las capacidades técnicas y políticas, estas últimas no limitadas solo a la esfera de la ideología.
• Invertir en liderazgos jóvenes que contribuyan a superar el caudillismo y la concentración de poder propios también de determinadas asociaciones femeninas.
• Involucrar a hombres y organizaciones no solo femeninas, buscando nuevas sinergias.
• Aprender de las experiencias vivenciales y locales a través de procesos que combinen práctica-diálogo de saberes-análisis.
• Articular procesos sostenidos y reconocidos de políticas públicas educativas y formativas de los distintos países.

Para profundizar en este tema ver: “Desigualdad de género en la participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe”, Claudia Ranaboldo y Yolanda Solana. Documento de trabajo Nº 23. Programa de Dinámicas Territoriales Rurales, Rimisp, Santiago, Chile. 2008. Léalo en www.rimisp.org/dtr/documentos

Los invitamos a leer el tercer número de la Revista Equitierra entrando a:
www.rimisp.org/equitierra

Fotografía: Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural

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Posteado por: periodistarural | 2 Julio 2009

As políticas para o desenvolvimento do Brasil rural – balanço de final de década

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Por Arilson Favareto
Professor de Análise Econômica da Universidade Federal do ABC. Sociólogo, Doutor em Ciência Ambiental

Quando se trata de analisar as políticas públicas para o Brasil rural, ainda não há um consenso sobre o alcance e os limites das várias mudanças experimentadas ao longo da última década e meia. Eis algumas das principais lições derivadas dos estudos sobre o desenvolvimento rural brasileiro no passado recente: 

Limites do produtivismo – a moderna agricultura de commodities no Brasil tem uma importância crucial para as exportações, mas nem sempre gera efeitos igualmente positivos em redução da pobreza e diminuição da desigualdade e os custos ambientais são demasiadamente altos. 

A importância agricultura familiar - Nas regiões onde predomina a agricultura familiar há maiores possibilidades de diminuição da desigualdade e redução da pobreza, mas é preciso revalorizar os aspectos ambientais que envolvem este tipo de produção. Ademais, embora o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) seja uma das políticas mais bem avaliadas, a expansão do crédito e dos serviços junto aos segmentos mais descapitalizados, apesar de estarem numa situação melhor do que na década passada, ainda é um desafio. 

Novas dimensões do rural – Valorizar o mundo rural significa hoje bem mais do que fortalecer a produção. A provisão de serviços ambientais e o reconhecimento do rural como espaço de vida exigem uma concepção ampliada de políticas públicas e a integração de esforços hoje dispersos por diferentes ministérios. 

Avanços e limites da introdução da abordagem territorial – Houve avanços importantes como a disseminação de um novo discurso e maior democratização dos investimentos. Mas na maior parte dos casos esses investimentos e os atores envolvidos ainda são aqueles restritos ao agro, restringindo a amplitude e o alcance das iniciativas que deveriam se voltar às articulações intersetoriais das regiões rurais. 

Avanços e limites da participação social –  Houve maior transparência na aplicação de recursos e maior empoderamento da sociedade. O desafio principal agora é passar do controle social sobre a aplicação dos recursos em direção a um efetivo processo de gestão social dos territórios e do seu desenvolvimento. 

Estas lições trazem uma mensagem clara: todas as mudanças feitas desde meados dos anos noventa têm sido incrementais. Elas agregam novos elementos e competências ao debate sobre desenvolvimento rural. Elas alargam o escopo das iniciativas em curso. Mas hoje essas iniciativas vêem sua plena eficácia ser restringida por dissonâncias entre o conteúdo desejado e as instituições existentes. A sustentabilidade é requisito fundamental do desenvolvimento contemporâneo, mas a dimensão ambiental ainda é tratada de maneira subordinada ao produtivismo. A concepção das iniciativas se baseia na abordagem territorial do desenvolvimento, mas ela é levada adiante com instrumentos setoriais. A gestão social é uma busca constante para a democratização da política pública, mas apenas existem modalidades de controle social dos investimentos. 

O que estas afirmações sugerem é a necessidade de uma reforma profunda nas instituições para o desenvolvimento rural sustentável. Boa parte das estruturas e serviços para o desenvolvimento rural não foram igualmente atualizadas, nem aperfeiçoadas de uma maneira compatível com a nova retórica surgida com a abordagem territorial e a ascensão inegável da idéia de sustentabilidade. Mudar o marco regulatório das políticas para o desenvolvimento do Brasil rural, de maneira a incorporar efetivamente os conceitos contidos na abordagem territorial e na retórica da sustentabilidade é, portanto, o principal desafio deste final de década.

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Posteado por: periodistarural | 30 Junio 2009

Elecciones legislativas y la situación del agro en la Argentina

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Por Héctor Müller
Miembro de la Red Prensa Rural
Periodista Diario La Nación de Argentina

Políticas equivocadas y la permanente intervención estatal en los mercados de carne y de leche, sumieron a estos sectores en una las peores crisis que se tenga recuerdo. Con el pretexto, por parte del Estado, de abaratar la mesa de los argentinos, estos dos productos fueron una vez más el pato de la boda, porque, en tanto la carne resultó realmente castigada y el productor fue acorralado hasta el límite de su subsistencia, otros sectores ligados a la alimentación, tuvieron mucha mejor suerte. Y esto se observa claramente en un trabajo realizado por la Unidad de Investigación y Desarrollo del Movimiento CREA. 

Según la entidad, si se establece una relación entre los precios de distintos productos que se consumen en un típico asado argentino, entre abril de 2006 y abril de 2009, se puede ver que, mientras que el tomate aumentó un 92%, la lechuga un 94% y la gaseosa un 130%, la suba del asado fue de un 68% y la del novillo de sólo un 26 por ciento. Estos valores son concluyentes y se constituyen en una referencia más para demostrar la debacle de la ganadería. 

En opinión de Ricardo Negri, responsable de la unidad y asesor del CREA Río Salado, el gran cambio en el sistema de producción ganadera puede observarse más claramente al comparar la oferta total de carne entre 2005 y 2008, años en los cuales, los datos de producción fueron casi los mismos: 3,13 contra 3,12 millones de toneladas. “Los estímulos, que eran positivos entre 2002 y 2005, se transformaron en negativos después”, sostuvo Negri. 

Lo mismo sucedió con la lechería y la tan esperada protesta comenzó a plasmarse anteayer, cuando productores tamberos enviaron 1046 vacas lecheras al Mercado de Liniers. “Es un grito de alerta y una muestra de lo que está ocurriendo todos los días en el interior del país, donde cierran dos o tres tambos por día debido a la política oficial que asfixia a los productores” señaló el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Luis Biolcati. El dirigente agregó que desde 2003 han desaparecido 5000 establecimientos lecheros, lo que provocó que se perdieran 20.000 empleos directos en el sector. 

Por otra parte, un informe técnico de la Federación Agraria Argentina (FAA) arroja datos escalofriantes y, al respecto, el vicepresidente 1° de la entidad, Pablo Orsolini, señaló que “contando soja, trigo, maíz y girasol, estamos hablando de una merma de 30 millones de toneladas. Es cierto que hubo factores climáticos que también hacen a la caída fenomenal de rendimientos, pero lo que es difícil es que el gobierno nacional haya hecho oídos sordos a un reclamo que lleva tiempo. Así, según nuestras estimaciones, pasaríamos de 97 millones de toneladas a menos de 67 millones. Con estos números nos retrotraemos a la campaña 2000/2001″, aseguró el dirigente de la FAA. 

Y todo esto sucedió porque, además de las políticas equivocadas, nunca el Gobierno aceptó un diálogo profundo para analizar los problemas del sector. Ahora, se espera que esto comience a cambiar a partir de pasado mañana, “el día después”, aunque no existe absoluta seguridad. 

Por ello, Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina , dijo recientemente que a partir del 29 “debemos declararnos en estado de alerta y movilización en todo el país, para que no sigan desapareciendo los productores tamberos, ni ganaderos, ni agrícolas, ni de ningún rubro. Para no engrosar aún más con nuestros trabajadores las villas de emergencia. Para evitar que siga aumentando la desocupación y la recesión”. 

Buzzi agregó que, entre las bases, corre la sensación de que pasado mañana deberá intensificarse el accionar gremial “para lograr que el Gobierno abandone su sordera”. 

Los hombres de campo prevén momentos difíciles para el segundo semestre del año, si el Gobierno no promueve la apertura del diálogo para resolver la crisis del sector. “Hay un panorama difícil para después del 28 de este mes. En primer lugar, porque el Congreso no va a resolver el 29 toda la problemática. El Gobierno tiene que entender que tiene que haber una transformación”, dijo hace pocos días el presidente de Coninagro, Carlos Garetto. 

De cualquier manera, el agro es consciente de la posibilidad de que nada cambie rápidamente después de las elecciones; sin embargo, tiene la esperanza de que algo suceda. De que una vez por todas se establezca el diálogo largamente esperado. Sólo así, se sabe, se podrán encontrar las soluciones necesarias para que el país vuelva a retomar el sendero de la producción y de la exportación para bien de todos los argentinos y, también, para bien de las delicadas arcas del Gobierno.

Esta artículo fue publicado el sábado 27 de junio en el Diario La Nación de Argentina.

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Posteado por: periodistarural | 25 Junio 2009

Crisis y pobreza rural en América Latina

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Por Carolina Trivelli y Johanna Yancari
Economistas, Investigadoras del Instituto de Estudios Peruanos – IEP

Columna de opinión publicada en el tercer número de la Revista Equitierra

La crisis financiera mundial tendrá efectos variados en los pobres. Se debe reconocer que esta crisis –a diferencia de los problemas generados por los altos precios del petróleo y alimentos, y que elevaron exponencialmente los precios de los insumos agrícolas y la inflación–, tiene una relación menos directa con el mundo rural y con sus sectores más pobres. Numerosas discusiones evidencian que el crecimiento de las economías nacionales no ha tenido un efecto sustantivo en la reducción de la pobreza rural y, por ello, una desaceleración del mismo podría tener pocos efectos en la pobreza rural. 

Por otra parte, si bien los países de América Latina serán afectados por la crisis, se espera que sufran menos que otras regiones del mundo: su buen desempeño económico en los últimos años les ha permitido contar con reservas internacionales y fiscales para hacer frente a la crisis. Estudios recientes de Rimisp en Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana, indican que solo tres de estos once países presentan un panorama pesimista, mientras que el resto, reconociendo la gravedad de la situación, mantiene una lectura de “impacto controlado”. Los mayores efectos se verán en los pobres urbanos, en los mercados laborales (principalmente los ligados a sectores exportadores) y en los estratos más acomodados del mundo rural (los más integrados a mercados dinámicos de productos, factores productivos y empleo). 

¿Cómo se verá afectado el sector rural de menores ingresos? La caída en las remesas internacionales será un factor clave para los pobladores rurales de Centroamérica, pero esto es subsanable con programas de apoyo temporal desde los gobiernos (como transferencias condicionadas, compensaciones temporales y otras.) 

La caída en la demanda de agroexportaciones no tradicionales y de las maquilas, que podría traducirse en menores ingresos y menos empleo para los agricultores (aunque puede verse compensando por la caída en el precio de los insumos agrícolas y del mayor valor del dólar), afectará a grupos de pobladores rurales insertos en cadenas de producción y a aquellos con mejor posición relativa. Esto obligaría a mover la preocupación desde los más pobres hacia los hogares integrados que podrían caer en pobreza, tema que debe ser atendido por la política agraria. 

La reducción de inversión pública local y nacional tendrá efectos en la disminución de la demanda de empleo no calificado, afectando entre otros la generación de empleo rural. No obstante, muchos planes anticrisis han puesto énfasis en mantener e incrementar inversiones en infraestructura y en programas de empleo temporal. 

Los recortes en los presupuestos de las políticas sociales que llegan a los más pobres y vulnerables pueden ser otra fuente de transmisión de la crisis a lo rural. Sin embargo, las políticas de los países frente a la crisis consideran incrementos en el gasto social y la ampliación de la cobertura de los programas sociales. El tema, más bien, es durante cuánto tiempo pueden hacerlo.

Por otra parte, la crisis puede empujar hacia la pobreza a grupos vulnerables que hoy están por encima de la línea de la pobreza, pero es posible que a la vez se reduzca la desigualdad rural (porque los más ricos perderán más). Mucho dependerá del efecto que logren las políticas anticrisis. 

El mayor desafío en las zonas rurales es identificar los mecanismos de transmisión de la crisis en cada país e identificar políticas para contrarrestarlos. Lo que parece sensato en todos los contextos es inducir políticas de apoyo a las políticas agrarias, en particular las dirigidas a la pequeña agricultura y agricultura familiar; políticas para mejorar los mecanismos de protección que ya tienen los hogares rurales y abrir oportunidades para ampliar sus estrategias de diversificación de ingresos y seguridad alimentaria. 

Desgraciadamente, la precariedad de la institucionalidad pública relacionada con el agro en la mayor parte de nuestros países hace complejo imaginar que políticas de este tipo logren ganar centralidad frente a los planes anticrisis, que se basan en inversiones en infraestructura o en políticas sociales, donde se requiere ejecutores más sencillos, menos inversión en diseño y se logra ejecutar rápido el gasto. El desafío es generar una correlación de fuerzas para movilizar recursos hacia políticas de promoción y apoyo de la pequeña agricultura y agricultura familiar, al desarrollo de nuevos emprendimientos rurales no agrícolas y dotar a los ministerios de agricultura de las capacidades para implementarlas.

Los invitamos a leer el tercer número de la Revista Equitierra entrando a:
www.rimisp.org/equitierra

Fotografía: Zamorano – Escuela Agrícola Panamericana

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Posteado por: Marcelo Uribe | 23 Junio 2009

Biodiversidad natural y riqueza cultural: explorando alternativas de desarrollo territorial en Bolivia

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Por Marcelo Uribe
Investigador Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 

Desde que Diego Huallpa, en 1545, descubriera las riquezas del cerro rico de Potosí al hacer una fogata cuando buscaba una llama perdida, y el mercantilismo se llevara la plata a Europa contribuyendo al inicio del capitalismo; hasta el prodigioso hallazgo del gas, a fines de los 90 y principios de la presente década; la economía de Bolivia se ha centrado en un patrón de desarrollo basado en el aprovechamiento de los recursos naturales, y su exportación con un bajo nivel de valor agregado. 

Este patrón monoproductor, también se reprodujo con la goma, la castaña y, durante el siglo XX, el estaño. A partir de 1981 se dio una baja en los precios de los minerales. La Corporación Minera de Bolivia el año 1984 dejó de transferir recursos al Estado convirtiéndose en una demandante de subsidios lo que, junto a las políticas monetaria y fiscal expansiva, se convirtió en un detonante hiperinflacionario. El año 1985 se pudo superar la hiperinflación con un elevado costo social que persiste hasta nuestros días. 

Este patrón produjo, permanentemente, una serie de distorsiones como la concentración de riqueza en pocas manos, el manejo discrecional de los recursos, alteraciones en la competitividad de otros sectores, conflictos sociales, etc. El país estuvo, siempre, sujeto a los cambios en los precios del mercado internacional, sin tener ningún poder de influencia. 

Luego de más de 20 años la economía de Bolivia sigue anclada en los productos primarios: ahora en torno al patrón del gas. Al tercer trimestre del año 2008 el Producto Interno Bruto de Bolivia registró un crecimiento de 6,53% respecto a 2007 (Actualidad estadística. Instituto Nacional de Estadística. 2009), sin embargo los problemas estructurales de la economía persisten: pobreza, déficit en el empleo, extrema desigualdad en la distribución del ingreso, etc. En la década de los 90 la pobreza y desigualdad disminuyeron pero desde 1999 se invirtió esta tendencia. 

Sin embargo, más allá de este patrón de crecimiento empobrecedor existe una economía alternativa conformada por cientos de productores individuales o asociados, y comunidades que trabajan en torno a servicios ambientales, ecoturismo, desarrollo forestal, agricultura orgánica, contribuyen con US$ 300 millones en exportaciones, y generan miles de fuentes de empleo, constituyendo una importante alternativa al patrón de desarrollo basado en la explotación insostenible de los recursos naturales (Informe Temático sobre Desarrollo Humano. La Otra Frontera. Usos alternativos de recursos naturales en Bolivia. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2008). 

Este contexto, presenta amplias potencialidades para el desarrollo de un enfoque territorial basado en la articulación y puesta en valor de la biodiversidad natural y la riqueza cultural. Bolivia cuenta con una inmensa riqueza de recursos naturales, se encuentra entre los 15 países más biodiversos del mundo, posee una importante base normativa e institucional para el manejo ambiental (aunque con problemas en su operación), está en los primeros lugares del mundo en cuanto a estándares ambientales sostenibles, y cuenta con un vasto y diverso patrimonio cultural, tangible e intangible. 

Existen muchos procesos que se están orientando en esa dirección, a manera de ejemplo podemos mencionar dos experiencias: el territorio de Entre Ríos en la zona de transición entre el valle y el Chaco Tarijeño; y el territorio de Curahuara de Carangas en el Altiplano Central del Departamento de Oruro (Activos culturales y naturales – Biocultura/COSUDE, Bolivia).  

En Entre Ríos, territorio en el que operan las principales empresas petroleras del país, las iniciativas de valorización de la biodiversidad y la cultura, como la Pradera Natural de Salinas, la cultura Guaraní o la fiesta mestiza de la Virgen de Guadalupe, empiezan a perfilarse como pautas centrales en la generación de empleos e ingresos locales, puesto que la economía del gas que ha cumplido la función de incrementar de manera vertiginosa los recursos públicos, ha generado un bajo retorno territorial y, más bien, ocasionando una diversidad de problemas relacionados con la contaminación y la falta de respeto a la integridad cultural de las poblaciones Guaraníes. 

En Curahura de Carangas, la crianza de camélidos domésticos, (principal actividad económica) se encuentra amenazada por factores de orden natural y la carencia de forrajes; los intentos e inversiones millonarias para potenciar esta actividad han tenido escasos impactos; y las posibilidades para la agricultura son mínimas. Entonces, juntamente con la base ganadera alto andina, el turismo orientado a la valorización de la biodiversidad natural y la cultura (como el Parque Nacional Sajama, el patrimonio arqueológico, las fiestas  y los rituales vinculados a las estrategias de vida Aymara), que se ha convertido en una fuente creciente de ingreso, es una importante alternativa para el territorio. 

El desarrollo territorial basado en la biodiversidad natural y la riqueza cultural, no es una “receta” única aplicable en cualquier contexto. Pero constituye una alternativa importante para aprovechar las potencialidades existentes, con una visión de conjunto de la oferta territorial, y romper el ciclo de la “maldición de los recursos naturales.” 

Los principales desafíos a futuro están relacionados con la necesidad de transitar de la dimensión micro, de estas iniciativas, a una escala mayor, buscando la masificación de su impacto. En esta línea, las experiencias en curso, particularmente en Entre Ríos, apuntan a: (i) conformar plataformas territoriales publico privadas, que se constituyan en espacios para la ejecución de estrategias de desarrollo territorial basado en la biodiversidad natural y la riqueza cultural; (ii) desarrollar capacidades para potenciar la gestión propia de parte de los actores locales, potenciando – entre otras – su habilidad para tejer alianzas extraterritoriales; (iii) influir en la acción pública, para lograr las sinergias y el apoyo necesario en los diferentes niveles de la gestión pública (nacional, departamental y local).

Fotografías: Max Raña

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Posteado por: periodistarural | 22 Junio 2009

Bagua: los tres paradigmas

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Por Juan de la Puente
Miembro de la Red Prensa Rural
Columnista Diario La República de Perú

¿Qué y cómo hará el Perú para procesar y superar como nación la matanza del 5 de junio en Bagua? La tradición antimemorista podría imponerse para fomentar el olvido e intentar que digeramos este episodio sin masticar la verdad, una práctica que la república ha conocido y que consiste en ignorar expresamente las causas de nuestros dramas, para no resolverlos. Un ejercicio contrario, el encararse con la adversidad, podría obtener una lectura lo más consensuada posible de lo sucedido, ya no sobre los hechos, que es necesario desentrañar política y judicialmente, con responsables en cada caso; también para construir un relato verídico de cómo se ha llegado a una relación ahora sí crecientemente encontrada entre los peruanos llamados nativos y el resto del país, y entre el territorio amazónico y el resto del Estado. 

Este esfuerzo permitiría trascender los paradigmas recurrentes que simplifican el problema: 1) el paradigma indigenista que absolutiza la distancia cultural y los aprendizajes modernos, en sus dos versiones, la paternalista del buen salvaje y la inquisidora del mal salvaje, ignorante; 2) el paradigma democratista que reduce todo a una conspiración contra la democracia; y 3) el paradigma economicista que sitúa el problema en la venta de territorios. A estas explicaciones se suman otras menos elaboradas y muy patéticas: la sísmica (algo se cocina en la selva y tenía que explotar), y la informativa, a la que recurren los políticos cuando fracasan (tenemos la razón pero comunicamos mal). 

Evitar la verdad es riesgoso. La masacre de los 8 periodistas en Uchuraccay, en 1983, nos interpeló sobre la relación entre el país oficial/real y la pobreza rural serrana, igualmente real. El Estado se explicó lo sucedido desde una supuesta cerrazón de la comunidad y de su primitivismo cultural y jurídico. Esta visión abrió el camino de su abandono en manos de Sendero Luminoso, que los exterminó: Uchuraccay, que en 1981 tenía 470 habitantes, perdió en un año a 135 de sus miembros. 

El Estado peruano no conoce la amazonía. Después de dos siglos la sigue llamando selva y al nativo, chuncho. Es una república que vive 188 años de cara al Pacífico y que cuando ha volteado hacia atrás ha sido para depredar abusivamente. La amazonía necesita una nueva relación con el Estado, que no puede fundarse en los omnívoros decretos legislativos; tampoco en el regionalismo colono, igualmente depredador, informal y beneficiario de la distancia política y geográfica al centro del poder. 

En esa nueva relación importan mucho los nativos por ser los peruanos amazónicos originarios, pero también interesa la amazonía en su conjunto; sobre todo, importa lo que hará nuestra nación los próximos 100 años con más del 50% de su territorio, amenazado por la irracionalidad de propios y extraños. En ese contexto lo más conveniente es cambiar hasta el sentido de nuestro objetivo final: el Perú requiere la integración con la amazonía y no de la amazonía.

Esta columna fue publicada en el Diario La República de Perú.

Crédito fotografía: Diario La Jornada en Internet

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Posteado por: periodistarural | 18 Junio 2009

Mujeres andinas frente al cambio climático

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Por Carolina Porras
Asistente de Investigación del Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Todos y cada uno de las personas que hacemos parte del mundo, sufrimos de una u otra manera los efectos del cambio climático, sin embargo sus impactos llegan de forma diferenciada según categorías sociales como género, generacional, nivel económico, nivel educacional y etnia.

A pesar de que la región latinoamericana tan sólo emite alrededor del 3.5%(Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático – IPCC, 2007) de las emisiones de gases de efecto invernadero, las repercusiones mundiales del cambio climático están afectando a la población de la región. El PNUD en su informe sobre desarrollo humano 2007 – 2008. La lucha contra el cambio climático: solidaridad frente a un mundo divido sostiene que son los países más pobres y más vulnerables, que además son los que menos cantidad de emisiones de gases generan, los que se verán mayormente afectados y en donde se potenciará las desigualdades sociales (incluidas las de género).

Las repercusiones del cambio climático en los países andinos, se sienten sobre todo en la pérdida del recurso agua. Los glaciares tropicales andinos, según el IPCC se han reducido en un tercio aproximadamente respecto de la Era Glacial. Las sequías son cada vez más frecuentes debido entre otros factores, a las altas tasas de deforestación que han acelerado procesos de degradación de suelos. Los paramos –ricos en recursos hídricos- se están deteriorando por existir gran actividad ganadera y la perdida de bosques de altura (Dumas y Kakabadse, 2008).

Frente a esta nueva realidad, las más vulnerables son las mujeres y niñas pobres, quienes están sometidas a una fuerte dependencia de los recursos naturales puesto que – aún hoy día – son las que principalmente se hacen cargo de las tareas domésticas (por ejemplo, transporte de agua, recolección de leña). Actualmente, en América Latina las mujeres producen un 45% de los alimentos destinados al consumo doméstico. Las fuentes de alimentos son aún más impredecibles y escasas en tanto cambia el clima y ponen en detrimento las condiciones de vida de la gente (UICN, 2007).

En este contexto, se tiende a traspasar responsabilidades a las poblaciones y específicamente a las mujeres porque supuestamente deberían adquirir mayores niveles de eficiencia en sus estrategias de respuesta a las consecuencias del cambio climático. Se argumenta que su conocimiento y la experiencia en el mantenimiento de la biodiversidad por medio de la conservación y domesticación de plantas silvestres comestibles y medicinales puede ser un aspecto clave para una adaptación más efectiva al cambio climático (UICN, 2007).

Frente a un problema de magnitud como el del cambio climático, la respuesta no puede una vez más limitarse al traspaso de responsabilidades a los más pobres y, en particular a las mujeres. Tampoco puede reducirse a estudiar sus percepciones sobre los cambios para que otros tomen decisiones. Es imprescindible que, sobre la base de la información pertinente – local y extralocal – las mujeres (y obviamente las mujeres que viven en territorios rurales) sean parte activa de las reflexiones, los debates y las acciones que llevan a influir en la acción pública dirigida a mitigar los efectos del cambio climático. 

Para tener una mirada más amplia sobre las consecuencias del cambio climático. Les invito a mirar el video HOME:

Vea el video completo entrando a http://www.youtube.com/homeprojectES

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