Posteado por: periodistarural | 2 Septiembre 2010

Supra-ministerio de desarrollo social

Por María Ignacia Fernández
Investigadora de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Llama la atención la forma cómo el proyecto de creación de un nuevo Ministerio de Desarrollo Social aborda las cuestiones territoriales. Aunque las desigualdades territoriales y el aporte que las reformas institucionales pueden hacer para reducirlas no son objeto de reflexión cotidiana por parte de la opinión pública, vale la pena detenerse un momento y reflexionar sobre ellas. 

Los estudios realizados por Rimisp –Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural en base de los datos de la Encuesta CASEN 2009, refuerzan la necesidad de poner el tema al centro de la discusión. Cuando descomponemos la información agregada que dio a conocer MIDEPLAN sobre número y tasas de pobreza e indigencia por región, vemos que la distribución territorial de la pobreza no es homogénea, y que existen importantes diferencias según la actividad productiva predominante (economías territoriales) o la composición étnica mayoritaria de la población (territorios indígenas), por mencionar algunas. La desigualdad no sólo tiene una expresión social y económica. También tiene un correlato territorial. Y estos hallazgos vienen a reforzar los argumentos ya propuestos por diversos analistas e investigadores sobre la necesidad de dar un tratamiento diferenciado a realidades territoriales diversas. 

¿Qué relación tiene esta reflexión con la creación de un Ministerio de Desarrollo Social? Pues mucho. Mientras el proyecto realiza un avance considerable en materia de descentralización al traspasar la función de planificación regional a los Gobiernos Regionales, medida que permitirá cerrar adecuadamente un proceso de traspaso de competencias iniciado en el Gobierno de Bachelet, la apuesta fundamental de esta nueva institucionalidad se encamina en la dirección opuesta, en lo que refiere a la ejecución de la política social. 

El proyecto concentra funciones y atribuciones en el Ministerio, y se erige incluso como un supra-ministerio, que intentará coordinar y articular la labor de organismos sectoriales de larga trayectoria como los ministerios de educación, salud y vivienda. Todo decidido, supervisado y evaluado desde  Santiago. 

La función histórica de MIDEPLAN sobre planificación regional no tiene cabida en este proyecto. Parece como si el traspaso de esta tarea a los gobiernos regionales fuese un efecto no deseado (pero bienvenido para los regionalistas) de una reforma que más bien pretende concentrar el poder de conducción de la política social, que generar capacidades para la adecuación de dichas políticas a las diversas realidades territoriales. ¡Bien por las regiones que en el proyecto ministerial no haya cabida para la planificación del desarrollo regional!, ¡mal por los esfuerzos de superación de la pobreza conducidos centralizadamente, de espalda a las muy específicas carencias territoriales! 

Nos encontramos con una reforma institucional que concentra el poder de decisión en un solo órgano. No sabemos aún sobre qué va a decidir.  Falta conocer la estrategia de superación de la pobreza y la desigualdad que impulsará el Gobierno. Si se trata sólo del ingreso ético familiar no necesitamos un nuevo ministerio; si busca profundizar y ampliar el Sistema de Protección Social tiene sentido girar la discusión al plano de los enfoques estratégicos, y pensar la institucionalidad desde ahí. Si el objetivo es la desigualdad y no sólo la pobreza, entonces no cabe duda que el territorio sí importa.

La columna de opinión fue publicada el 1 de septiembre en el Diario digital El Mostrador de Chile.

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Posteado por: periodistarural | 30 Agosto 2010

Producción científica y universidades

Por Manuel Chiriboga
Investigador de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Recientemente llegó a mis manos el Ranking Iberoamericano SIR 2010, una publicación que tiene como objetivo analizar y evaluar la investigación científica de las universidades de los países latinoamericanos y España y Portugal. Para ello considera las publicaciones y citas de textos “incluidas en el índice de citas Scopus producido por Elsevier. Scopus es la mayor base de datos científica del mundo con más de 20.000 publicaciones científicas, incluyendo más de 17.000 revistas peer review, libros y actas de congresos”. El ranking incluye trabajos citados o publicados en el 2008 y cuyas universidades tienen otras publicaciones entre el 2002 y el 2008.

¿Qué resultados arroja? Pues, claramente las universidades con más publicaciones son aquellas de España, Brasil, México y a cierta distancia Argentina y Chile. La universidad de mayor calidad científica es la Universidad de Sao Paulo, seguida por la UNAM mexicana y la Universidad Estadual de Campinas en Brasil, por encima de las universidades españolas y portuguesas. Al analizar la calidad de las publicaciones medidas por el número de citaciones y la permanencia de tiempo como referencia académica y hacerlo con relación a la media mundial, son las universidades españolas, portuguesas y brasileñas las que están en ventaja. Uno de los elementos centrales del posicionamiento de los países de mejor calidad universitaria es su colaboración en redes científicas globales.

¿Cómo nos va a las universidades ecuatorianas? Pues, apenas diez de todas las sesenta y más nacionales tienen trabajos publicados o con referencia. ¡Países como Colombia, Perú, Venezuela y Costa Rica tienen muchísimo mejor desempeño! De las 607 universidades, politécnicas y centros universitarios, la ecuatoriana mejor rankeada con el número 244 y número 167 si se consideran solo las latinoamericanas, es la Universidad San Francisco de Quito, seguida por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cuyos números son 291 y 206 y por la Escuela Politécnica Nacional con 297 y 211. Les siguen pero ya más allá de la mitad de la tabla, la Universidad Central del Ecuador, la Católica Santiago de Guayaquil y la Universidad de Cuenca.

Me pregunto si la nueva Ley Orgánica de Educación Superior ayudará a reposicionar a nuestras universidades y su capacidad científica, a la altura de una sociedad y de una economía que requieren cada vez más conocimiento, calidad, competitividad, capacidades y talentos. Leyendo el texto que tiene el Presidente para su análisis y eventualmente veto, me da la impresión que ella pone mucho énfasis en títulos, en la necesidad de PhD y maestrías, lo que me parece muy bien, pero muy poco en producción científica del sistema universitario. Por ejemplo, no encontré referencias a que los profesores titulares, para ser tales, publiquen en revistas referenciadas, exigencia que se limita a los rectores. No encontré exigencias de que los títulos acordados, sean dados por universidades rankeadas internacionalmente y tengo pavor que se encuentren caminos fáciles para conseguirlo en universidades de tercera, que ofrecen títulos por internet. Tampoco la evaluación de las universidades considera la cantidad y calidad de su producción académica.

Sé que tal vez es un sueño de largo plazo para el país, pero nuestra universidad debe tener como su norte, posicionar su capacidad científica en el mundo académico regional y global para volvernos una sociedad con oportunidades para todos.

La columna de opinión fue publicada el domingo 29 de agosto en el Diario El Universo de Ecuador.

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Posteado por: periodistarural | 27 Agosto 2010

¿Bosques o petróleo?

Por Ileana Gómez
Investigadora Principal del Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente – PRISMA 

La dependencia energética de los hidrocarburos hace que las explotaciones petroleras se impongan a la conservación de los más importantes recursos naturales. Los bosques y la biodiversidad son secundarios frente a la posibilidad de extraer petróleo y convertirlo en fuente de divisas, en el caso de nuestros países centroamericanos la extracción de minas e hidrocarburos aparece como una opción para la generación de divisas a la cual los gobiernos no están dispuestos a renunciar y mucho menos en una época de crisis.

En Guatemala la extracción petrolera representa el tercer producto de exportación desde 2006, generando unos 123 millones de dólares anuales. El objetivo del presidente Colom es que Guatemala pase a ser un país petrolero y está dando pasos concretos en esa búsqueda. El pasado mes de julio Colom aprobó una ampliación, modificación y prórroga del contrato de explotación petrolera en el Petén específicamente en el Parque Nacional Laguna del Tigre, ubicado dentro de la Reserva de Biósfera Maya, que goza de un alto estatuto de protección por la riqueza de sus recursos naturales.

Pese a la férrea oposición de su ministro de medio ambiente Luis Ferraté, Colom firmó un contrato  por un total de 1,295 millones de dólares que permite continuar por 15 años la explotación petrolera que maneja la empresa Perenco de capital francés. Para esto fue necesario cambiar la legislación guatemalteca ya que la legislación en materia áreas protegidas impedía  que se abriera una nueva licitación, de manera que la Ley de Hidrocarburos fue modificada para que se permitiera prorrogar el contrato a Perenco.

Diversas organizaciones ambientales de Guatemala han argumentado que la actividad petrolera causa grave daño porque su infraestructura, especialmente las carreteras, han favorecido a los invasores de tierra, ganaderos y narcotraficantes que han destruido la selva maya. En 2009 la Convención Internacional Ramsar para la protección de humedales había recomendado no prorrogar el contrato petrolero por los impactos de contaminación que afecta el sensible ecosistema de la Laguna del Tigre.

Frente a esta oposición, la firma del contrato de extracción petrolera se ha revestido de una serie de medidas compensatorias, que permiten al presidente del vecino país ganarse el apoyo de actores territoriales como las alcaldías y las comunidades de la zona y, al mismo tiempo, contrarrestar la resistencia social a la extracción petrolera al nivel local y nacional.

Colom está convirtiendo la extracción del petróleo en una suerte de fuente de financiamiento para el desarrollo local, para el combate a la narcoactividad y otras actividades ilícitas como la ganadería y las tomas de tierra, que actúan como dinámicas depredadoras de los recursos de la Reserva de Biosfera Maya. Entre las promesas de Colom se encuentra el financiamiento con fondos del petróleo de seis destacamentos militares que formarían el primer “batallón verde” destinado a asegurar el control de la zona, nueve municipalidades recibirán un aproximado de 43 millones de dólares anuales, la Comisión Nacional de Aéreas Protegidas recibirá 0.1 de dólar, por cada barril de petróleo para financiar actividades de reforestación, y las asociaciones comunitarias de las comunidades por donde pasa el oleoducto recibirán 0.15 de dólar por barril para sanear el medio ambiente.

Organizaciones ambientalistas e instituciones académicas han interpuesto varias acciones legales contra la prórroga del contrato, pero todas han sido rechazadas. La sociedad civil en el Petén se encuentra dividida entre quienes apoyan y rechazan la medida. Lo cierto es que a pesar que el mismo gobierno había impulsado espacios de concertación multisectorial para la definición de una visión conjunta de territorio, la medida gubernamental no fue ni dialogada, ni consultada con los actores locales. Las compensaciones ofrecidas aparecen como regalías derivadas de una pragmática decisión vertical, despojando a los actores locales de la toma de decisiones que están definiendo altos costos para la conservación de sus recursos. Hay una idea simplista de que la reforestación remedia el impacto de la extracción petrolera en las áreas protegidas. Tampoco está clara la capacidad que tiene el Estado para garantizar que el dinero procedente de los fondos de petróleo sea ejecutado en forma transparente, en beneficio de las comunidades y de la protección y conservación de los recursos naturales.

La apuesta por las actividades extractivas es una tendencia de distintos gobiernos en América Latina, en algunos países como Bolivia y Ecuador supone fortalecer la participación del Estado en la participación de beneficios por la explotación de minas, gas o petróleo, sin duda para los gobiernos de los países en desarrollo que urgen de fondos  para impulsar su crecimiento, los recursos naturales siguen siendo una alternativa a pesar de los altos costos ambientales y sociales que esto supone.  

La crisis mundial por los efectos del cambio climático está obligando a construir novedosas alternativas. En Ecuador el proyecto del fondo para preservar la Reserva de Biósfera Yasuní propone crear un compromiso internacional para no explotar los recursos  petroleros estimados en 846 millones de barriles, a cambio de recibir una retribución internacional equivalente a la mitad del valor comercial de la explotación del crudo. De esta manera Ecuador recibe ingresos para impulsar su proceso de desarrollo y al mismo tiempo se evitan los impactos sociales y ambientales de la explotación petrolera dentro de la Reserva Yasuní, que con una superficie de 982 mil hectáreas en la amazonia ecuatoriana es uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta.

Usando esta figura, un grupo de diputados alemanes le han propuesto a Colom la creación de un millonario fondo de compensación económica a cambio de que el Estado desista de seguir la extracción del crudo en la reserva natural de Laguna del Tigre, sin embargo no han recibido respuestas, estos fondos son procesos que requieren una gestión de mediano plazo y no resultan en este momento atractivos a los intereses del gobierno de Guatemala.

Todavía estamos lejos de encontrar alternativas equilibradas para mantener el estilo de desarrollo económico actual y preservar al mismo tiempo los recursos naturales. Hay que tomar en serio las palabras del pueblo Huaorani que habita en la Reserva Yasuní: “si matan ustedes a la madre tierra, nosotros también moriremos”.

Este artículo de opinión fue publicado en el diario digital Contrapunto de El Salvador el 18/08/2010.

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Posteado por: periodistarural | 25 Agosto 2010

Mineros atrapados: Vivan los trabajadores

Por Claudia Serrano
Directora ejecutiva de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Confieso que no tenía ninguna esperanza de llegar hasta los mineros atrapados en la mina San José: no tenía esperanzas de pudieran rescatarlos, ni mucho menos que, después de 17 días, estuvieran con vida. El impacto emocional fue tan rotundo que cuando intenté escribir mis impresiones, me fue imposible ordenar las ideas. Pasadas las horas y teniendo a mano los testimonios e informaciones sobre las condiciones en las que estarían los mineros, las características del refugio, el acceso a agua y luz que les permitió sobrellevar los días de aislamiento, me pregunto cómo han podido soportar las condiciones extremas de su encierro, y de qué forma se produjo el milagro de que estén con vida y bien.

Me asombro sin límites al ver lo preciso, perfecto y positivo de la nota que enviaron a la superficie. ¿Quien tuvo la serenidad y la agudeza para enviar un mensaje tan perfecto? ¿Cómo se organizaron 33 sobrevivientes en lo profundo de la montaña? ¿De dónde viene su fuerza y su temple?

Tengo la convicción respecto a la fortaleza y la entereza de esos hombres porque son trabajadores de faenas duras, que han moldeado su carácter. Ellos conocen de la importancia de la faena bien hecha, porque arriesgan sus vidas a diario, porque saben mejor que la mayoría de los trabajadores sobre lo vital de contar con el compañero, y de entenderse como un equipo. Imagino el rol de los más adultos y experimentados, imagino la organización entre ellos, el papel de los líderes, el valor de los más amistosos y comunicativos; el silencio de los más adustos y reservados, el temor de los jóvenes. Puedo intuir la profunda necesidad de poner todo eso en común para sobrevivir.

Esta experiencia conmocionó a todo Chile con sincera alegría porque pese a toda la adversidad, están vivos. Es una experiencia que nos dice a todos que hay que perseverar porque las grandes metas no son inalcanzables. Es una experiencia que deja tremendas lecciones. Lecciones de eficiencia de ingenieros y rescatistas, de perseverancia de familiares que no perdieron las esperanzas, pero sobre todo, enseñanzas de estoicismo y dignidad de trabajadores que conocen lo suyo. Esperaron el rescate, escucharon los sondajes y cuando llegó la hora, enviaron la señal digna, completa y profundamente humana de un mensaje que llenó a Chile de emoción y alegría.

Estos aprendizajes  hay que llevarlos a la vida diaria, y no dejarlos en la emoción del momento. Los trabajadores tienen esa fuerza, entereza y potencia que puede cambiar el mundo. Son capaces de organizarse y apoyarse para resistir pruebas feroces, supieron darse apoyo y consuelo, y mantener el espíritu intacto. Los trabajadores que estuvieron en las acciones de rescate, sobre la mina, y los 33 atrapados, son nuestra fuerza y nuestra esperanza. Lo mejor de los nuestro.

Esta fuerza que nos enorgullece necesita cauce y respaldo. Aquí se trabajó en forma insegura, se clausuró la mina y volvió a abrirse en condiciones dudosas, las pruebas están a la vista. La Dirección del Trabajo pudo haber detenido la faena, pero se produjo una confusión de responsabilidades y atribuciones con Sernageomin. No puede exponerse la vida de los trabajadores chilenos, no pueden ser ambiguas las responsabilidades institucionales. Hay que conocer y aclarar cómo sucedió este hecho que pudo ser irreparable. El orgullo que hoy sentimos por la fuerza de los mineros, nos debe motivar de manera muy enérgica a perfeccionar y aplicar con riguridad las normas de protección a los trabajadores. 

La columna fue publicada en los blogs del Diario La Tercera de Chile el 25 de agosto

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Posteado por: Julio Berdegué | 16 Agosto 2010

La CASEN en las comunas y el espejismo de los promedios

Por Julio Berdegué
Investigador Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y Coordinador del programa Dinámicas Territoriales Rurales

Al fin Mideplan entregó la base de datos de la encuesta CASEN 2009, y en los próximos días habrá seguramente una avalancha de de detallados análisis. Es de esperar  también que aparezcan los análisis y las propuestas que coloquen el eje del debate en torno a la pregunta de “qué hacer” en vez de “quién tiene la culpa.”

La encuesta CASEN 2009 tiene información pormenorizada de 335 comunas. Es decir, casi el 100% de las comunas del país. Estas comunas llamadas “auto-representadas” en el lenguaje técnico de la encuesta tienen un total de 2,5 millones de personas pobres y 634 mil indigentes. Es decir, más del 99% de los respectivos totales nacionales.  Es aleccionador mirar qué pasó con la pobreza a escala de las comunas, porque los promedios nacionales, que es lo que el gobierno ha estado enfatizado, engloban realidades muy diversas.  Vamos viendo. 

En 85 comunas aumentó la pobreza en cinco puntos porcentuales o más, es decir, mucho más que la media nacional. Se trata de un grupo diverso, con comunas rurales remotas como Putre, pero también otras urbanas y ligadas a economías regionales bastante dinámicas, como Curicó. Entre el 2006 y el 2009, en estas comunas el número de pobres aumentó en 422 mil personas. ¿Por qué estas 85 comunas fueron especialmente vulnerables a la crisis económica y por qué aquí fueron menos eficaces las políticas sociales? 

En contraste, hay 138 comunas que redujeron pobreza durante los años de la crisis.  En estos lugares, 195 mil personas salieron de la pobreza durante el periodo 2006 – 2009. De nuevo, se trata de un grupo heterogéneo que incluye lugares tan diferentes entre sí como Yerbas Buenas, Alto Hospicio y La Reina. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué tanto se debe a que pudieron mantener sus empleos y salarios en medio de la crisis, y qué tanto aportó una política social mejor gestionada localmente o con mayores efectos multiplicadores? 

En todo caso,  por cada comuna en que aumentó con fuerza la pobreza en los últimos tres años, hay casi dos comunas que redujeron pobreza. Hay algo aquí que mirar porque seguramente podemos aprender mucho de estas dos dinámicas contrastantes. La respuesta no es tan fácil como echarle la culpa a la crisis o a la política social, sino que hay que mirar las capacidades territoriales para navegar en las aguas de las crisis (o de las bonanzas), y para aprovechar al máximo las oportunidades y recursos de las políticas sociales. Sí, lo que hace el Ministro de Mideplan es importante, pero al parecer es tanto o más importante lo que hacen las sociedades locales. 

La mitad de los pobres e indigentes del país se concentran en apenas 35 y 34 comunas, respectivamente. Al cruzar ambas realidades alcanzamos las 40 comunas. Es decir, el 50% de las personas pobres e indigentes en poco más del 10% de las comunas del país. 

Diez de estas comunas – Coronel, Curicó, La Granja, La Pintana, Linares, Los Ángeles, Ovalle, Padre Las Casas, Temuco y Valparaíso – tienen una doble condición: la de contar con muchos pobres y además tener a un alto porcentaje de su población con condición de pobreza. En su conjunto albergan a 400 mil pobres, el 15% del total nacional. Estas comunas doblemente afectadas por la pobreza requerirán lineamientos especiales de intervención para mejorar el bienestar de su población. 

Esta concentración territorial de la pobreza es una oportunidad. ¿Por qué no hacer un Pacto Bicentenario con estas comunas que concentran tan alto porcentaje de  pobreza e  indigencia?  Un compromiso que incluya algo más que subsidios sociales, claro está. Porque se trataría más bien de un esfuerzo integral que contenga  programas de fomento a las micro y pequeñas empresas, estímulos a la creación de empleo, iniciativas especiales en materia de infraestructura, de cultura, de oportunidades para las mujeres y  jóvenes; de ampliación de áreas verdes y descontaminación ambiental. Un Pacto cuyo objetivo sea la cohesión social, el bienestar en un sentido más pleno que la reducción de la pobreza monetaria a punta de subsidios. 

Las 40 comunas con mayor porcentaje de pobreza apenas concentran al 13% del total de los pobres del país. Son lugares con poca población, aunque muchos de sus habitantes sean pobres. Entre éstas hay muchas con un alto porcentaje de población indígena como las de Alto Bío Bío, Angol, Cholchol, Toltén, Ercilla, Lumaco, Santa Bárbara, Collipulli, Curacautín y Carahue. Aquí no habrá reducción de pobreza si la estrategia no explicita el carácter étnico del problema. 

En fin, el llamado es a salirnos de los promedios nacionales que nos conducen a malos diagnósticos y a falsos debates. Y los que es peor, a respuestas inadecuadas para ampliar las oportunidades de los pobres.

La columna fue publicada en el diario electrónico El Mostrador de Chile el 15 de agosto

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